EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DEL EMPLEO
(ERE). Palabras que en los últimos años son sinónimo de crisis, drama, paro. Desde 2004, los trabajadores afectados por una de estas medidas reguladoras se han cuadruplicado: han pasado de 60.276 ese año a 280.351 en 2011. Y, sin embargo, en medio de la tragedia, algunos trabajadores se acogen voluntariamente a despidos colectivos cuando su empresa los propone. ¿Voluntariamente? Las empresas optan a veces por tentar a los trabajadores con una oferta económica más suculenta que la que harán después si acuden a la autoridad laboral o si entra en concurso de acreedores. Además, la infinita negociación de la reforma laboral añade incertidumbre y empuja a muchos a aceptar una oferta que ya tienen en la mano, por si la que reciben más adelante es peor.
Vicente Alcántara, de 38 años, se acogió en noviembre del año pasado al ERE de Alstom, tras 16 años en la empresa. "Tenía en mente montar un negocio y ofrecían un buen incentivo: 45 días por año trabajado. Soy optimista, el proyecto va bien, incluso más rápido de lo que preveía", celebra por teléfono, camino de una sesión de asesoría relacionada con su futuro negocio. En otros casos es el miedo a acabar igualmente en la calle, pero con una indemnización menor, lo que hace a otros trabajadores dar el paso adelante de apuntarse al ERE.
Todos los expertos laboralistas y académicos insisten en que, jurídicamente, el ERE voluntario no existe, aunque el uso del término sea habitual. Por eso no hay cifras específicas. Este concepto es una contradicción en sí mismo. "Un expediente de regulación es una decisión unilateral de la empresa, y lo solicita porque necesita reducir su plantilla. Lo que puede presentarse como voluntario es en realidad el hecho de que, una vez decidido el número de plazas que desaparecerán, se opte por preguntar a los trabajadores si hay alguien que esté dispuesto a aceptar determinadas condiciones, y se trata de pactar con los sindicatos", apunta Marc Carrera, socio del despacho de abogados Sagardoy. "Del trabajo nadie se va porque quiere. Si fuera así, no tendría derecho a indemnización", apunta.
Montserrat Rodríguez, directora del área legal de BDO Abogados va más allá: "Las empresas hacen ERE voluntarios cuando no pueden hacerlos de otra manera. Acuden a esto cuando saben que no hay una causa legal para llevarlo ante la autoridad laboral", sentencia. Josep Pérez, abogado del Col·lectiu Ronda, insiste: "Las empresas hacen ERE para modificar la plantilla. Quieren reducir costes y punto. Y la gente se apunta por miedo o se queda en su puesto por miedo", apunta. "Los que se acogen de manera voluntaria es porque creen que el plan B será peor. O porque temen que la empresa entre en concurso de acreedores, y entonces se quedarían en el limbo de quienes no pueden ir al paro y tampoco cobran lo que les adeuda la empresa", recuerda. "Hemos estudiado casos donde sabemos que el dueño es un golfo y no debería poder hacer un ERE. Pero la plantilla acaba pactando porque teme un concurso de acreedores y necesitan cobrar para dar de comer a su familia y poder seguir adelante", explica.
Los expedientes de regulación de empleo son, según el Servicio Estatal de Empleo, "un procedimiento que se solicita a la autoridad laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados, garantizando los derechos de los trabajadores". Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores, a través de sus representantes legales, cuando consideren que así van a evitarse un perjuicio mayor. "Pero solo cuando se dan determinadas circunstancias previstas por la ley: despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción; suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor; o extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante".
En el 87% de los expedientes se llega a un pacto con la plantilla
En la práctica, cuando una empresa mediana o grande quiere despedir a parte de su plantilla, presentará un ERE. Antes de llevarlo a la autoridad laboral, tratará de pactarlo con los trabajadores (en general, el comité de empresa). El 87% de los ERE presentados de enero a noviembre de 2011 fueron pactados. Si la negociación encalla, entonces decidirá la autoridad laboral -de la comunidad autónoma, si tiene las competencias transferidas-, y en última instancia, un juez, cuando la empresa ha entrado en concurso de acreedores. En el proceso de pactar con los representantes de los trabajadores es donde se enmarcan las bajas voluntarias.
"El ERE puede ser una buena herramienta como vía de diálogo. Pero siempre que se presente debe existir una causa. Los sindicatos no nos negamos a negociarlos, si son verdaderamente necesarios. Se pueden explorar otras vías de flexibilidad interna y, si se considera que es el modo de que una empresa siga siendo viable, se busca un pacto", explica Julián Iglesias, de la Secretaría de Acción Sindical de CC OO. Sin embargo, Iglesias subraya que entre las extinciones de empleo de 2010, solo un 3% fueron a través de ERE. El resto, recuerda, fueron despidos individuales, bien de microempresas que no están obligadas a usar los expedientes o bien de grandes compañías que escalan los despidos para evitar la negociación con el comité de empresa o la autoridad laboral. En estos casos, las condiciones y las presiones a los trabajadores, advierte Iglesias, pueden ser todavía más agresivas, tanto para forzar despidos como prejubilaciones.
"El empleado que se acoge es porque lo ve como el mal menor", dice CC OO
Cuando la empresa opta por solicitar voluntarios a un ERE, para lograr que la oferta sea buena, suele hacer una oferta de indemnización elevada, bonos y hasta planes de recolocación. "Económicamente, se suelen ofrecer un máximo de 45 días por año trabajado con un tope de tres años y medio, porque este es el máximo para beneficiarse de la exención fiscal", explica Carrera. Una indemnización mayor puede pactarse, pero acabaría costando dinero en impuestos tanto al despedido como a la empresa. Pero, además, hay otras maneras de hacer atractivo un despido, según las circunstancias del trabajador, con cláusulas de recolocación en el futuro si vuelve a haber empleo, a cambio de cobrar la indemnización a plazos.
El Gobierno obligó a Telefónica a no cargar su ajuste a la Seguridad Social
Las empresas, dice Rafael Ortiz, abogado de Garrigues, especialmente las multinacionales, suelen tratar de llegar a acuerdos voluntarios para evitar que su nombre acabe manchado. "Las compañías quieren preservar su marca y su imagen", dice. Y los despidos no suelen agradar a los consumidores.
¿Quiénes están más predispuestos a dejarse tentar por un ERE voluntario? "Parte de la estrategia de muchas empresas es ofrecer condiciones buenas, unas condiciones que, si la empresa entra en concurso de acreedores o acaba haciendo un ERE forzoso, no podrá ofrecer. El miedo es un argumento que suele calar", apunta el abogado. Y el miedo, a quienes más les cala es a los trabajadores de más edad. A las amenazas de condiciones más duras en el futuro, se suma en los últimos meses la negociación de una nueva reforma laboral. O cogen ahora lo que les ofrezcan, o quizá dentro de poco todo puede ir a peor.
"Antes podía haber quien se acogía a un ERE porque tenía una perspectiva de encontrar rápido otro empleo. También porque tenían intención de capitalizar el paro y montar una empresa. Pero eso ya solo pasa en pocos casos o con perfiles muy especiales de directivos, que saben que se colocarán pronto. Ahora es poco frecuente", explica Sonsoles Escribano, responsable en España de Right Management en la empresa de colocación Manpower. Al final, con más de cinco millones de parados en el mercado laboral, actualmente a los que suele apuntar un ERE voluntario es a los empleados de más edad, que en muchos casos irán al paro, pero lo enlazarán con la jubilación.
"El término prejubilación, tal y como se usa habitualmente, tampoco es correcto. Una prejubilación en realidad sería lo que la Seguridad Social entiende como una jubilación anticipada. Es decir, alguien que se acoge a la pensión antes de la edad máxima para trabajar y, a cambio, pierde una parte de su compensación. Cuando se habla de prejubilaciones de grandes empresas, sin embargo, se mezclan con otras prácticas", apunta Ortiz. A los ERE, por ejemplo, se apuntan a veces trabajadores de más edad a los que se les ofrecen ciertas condiciones hasta que llegue el momento real de su jubilación. Por ejemplo, cobrar la indemnización aplazada, a través de una aseguradora o un banco. El problema (y de aquí la insistencia a regular esta figura por parte del anterior Gobierno de Zapatero y del actual, presidido por Mariano Rajoy), es que muchos de los despedidos van al paro hasta que se cumple su edad de retiro legal. Las arcas de la Seguridad Social, por tanto, cargan con parte de esa losa.
"El problema es que la solidaridad obrera ha muerto", dice un laboralista
La práctica de recurrir a las jubilaciones anticipadas o prejubilaciones ha sido habitual durante años, especialmente tras ajustes de plantilla en grandes multinacionales. Sin embargo, despertó una gran polémica cuandoTelefónica anunció en mayo de 2011 que planteaba un ERE hasta 2013 para 8.500 trabajadores, a pesar de tener cuantiosos beneficios -la operadora ganó más de 10.000 millones de euros en 2010-. Finalmente, el proceso se abrió voluntariamente a 6.500 empleados y después de que el Gobierno realizara un cambio urgente en la legislación laboral a través de una enmienda en la ley de reforma de pensiones: el Estado obliga a todas las empresas con beneficios a asumir todos los gastos en caso de ERE hasta que los despedidos alcancen la edad de jubilación.
En el caso de Telefónica, se creó un fondo con 350 millones para reintegrarle al Inem las prestaciones de desempleo que reciban los trabajadores en los dos primeros años tras su despido. Además, la operadora se comprometió a crear unos 450 nuevos puestos de trabajo y un plan de becas que beneficiará a unos 4.000 jóvenes. En cualquier caso, que las condiciones del ERE de Telefónica son beneficiosas para los trabajadores lo demuestra que el número de empleados que se están marchando de forma voluntaria supera las expectativas de la empresa. En 2011 se acogieron unos 2.360 en toda España, explica el responsable de la sección sindical de CC OO en Telefónica de Cataluña, Jaume Álvarez. Son todos los que cumplieron 53 años o tienen más de 60, "gente con carreras de larga cotización y cotizaciones máximas a quienes el Estado pagará dos años de paro -que luego retornará Telefónica- y a continuación hasta los 63, cobrarán gracias a un convenio especial con la Seguridad Social", explica. Y apunta que con la nueva ley alarga la edad de jubilación y reduce las bases de cotización.
¿Y qué ocurrirá con los ERE en la nueva reforma laboral? "En la nueva reforma laboral, el Gobierno quizá varíe algo los motivos de autorización de los ERE o matice aspectos que acaben afectando a las prejubilaciones, pero no los puede eliminar. Los ERE seguirán existiendo. No creo que rebajen el mínimo de días [20 días por año trabajado en concepto de indemnización]. Se podría tratar de abordar que los criterios sean menos subjetivos... Lo ideal siempre será que el ERE llegue tras un pacto", valora Ortiz, de Garrigues. "Lo que queremos es que se exija que antes de optar por extinguir empleos se agoten todas las herramientas de flexibilidad, desde recolocaciones internas a reducciones de jornada temporales", apunta Iglesias, de CC OO. Y sin que esas herramientas, añade, penalicen después al trabajador si acaba despedido, porque le hayan supuesto agotar su paro.
Sonsoles Escribano, de Manpower, recuerda que en ocasiones sí hay vida laboral después de un ERE. Su compañía, explica, ofrece servicios que pueden hacer los despidos colectivos "menos traumáticos", como asesorías de carrera, para que los trabajadores decidan si es buena idea que se acojan o no a un despido voluntario. También plantean la opción de ofrecer planes de recolocación o "de transición". Las empresas, defiende, cuando hacen un proceso de despido deben pensar en quien se marcha, pero además, evitar desconfianza entre los trabajadores que se quedan. "Hacer las cosas bien es un acto de responsabilidad social corporativa. Los que se quedan nunca se olvidarán de los que se han ido y, si has hecho bien las cosas, un día puede que obtengas una recompensa", dice Escribano.
"La supuesta voluntariedad de un ERE nace cuando el trabajador lo ve como un mal menor y, en general, cuando puede enlazarlo con un semirretiro hasta su edad de jubilación. Si no, la gente lo que prefiere es trabajar", dice Iglesias, de CC OO. Josep Pérez, del Col·lectiu Ronda, es pesimista en cuanto al papel de los empresarios en estos procesos. "Las empresas se aprovechan del miedo y de la reforma laboral que se avecina para forzar a los trabajadores. La reforma laboral que se está pactando no tiene ni punto de comparación con lo que en realidad están llegando a aceptar los trabajadores, que es mucho más precario", abunda el laboralista. "Al final, el problema es que la solidaridad obrera ha muerto. Y sin parámetros de solidaridad, será difícil defenderse. Si salen adelante los puntos de la reforma laboral que acabarán con la prevalencia de los convenios colectivos superiores, llegará el verdadero desastre. Porque cuando cada empresa pueda hacer lo que quiera, el obrero volverá a vivir tan desprotegido como vivía en el siglo XIX", zanja.
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